Una fecha como esta remite necesariamente a la realidad más dolorosa. En Medellín han sido asesinadas este año cerca de 100 mujeres, por ejemplo.
Hace algunas décadas era impensable, excepcional y escandaloso que alguna mujer resultara involucrada en un delito. Hoy es pan cotidiano. El acceso lento y tortuoso al mundo de lo público -dominado por los varones- ha metido de cabeza a las mujeres en lo peor de esta sociedad guerrerista, amante de la mano dura y proclive al delito como forma de subsistencia o de salirle al paso a las leyes.
Y muchas mujeres se encontraron sin defensas en ese enfrentamiento. Sobre todo las de orígenes más humildes. Obviamente se instalaron algunas en el poder, en cualesquiera de sus sorprendentes formas, y desde allí encontraron oportunidades para manipular y hacer parte de ese grupo gigantesco de ladrones de cuello blanco que se roban el país en cada vigencia y durante cada mandato omnipotente. Pero las más, la mayoría de las que han parado en las cárceles o caído en las calles, muchas de ellas apenas sobrevivientes, se dejaron enredar en las tristes ambiciones del delito callejero, de la droga, de la militancia paramilitar, y tenemos a veces sus cuerpos sin vida como resultado de estos cambios indigestos.
El país tiene a la mayoría de sus mujeres abandonadas. Los cientos de miles de madres cabeza de familia hablan de la total falta de responsabilidad de muchos hombres. Y de la incapacidad del Estado para controlarlos. Las mujeres desplazadas, que son la mayoría, esperan en vano la mano de un Estado que apenas entiende de fusiles, de una falsa seguridad y de una falsa democracia.
Pero no. En Colombia se atienden con eficiencia -relativa- todos los frentes de la guerra. Desde la que se libra en las montañas hasta las que se calculan desde las oficinas de los gobernantes y entre los representantes de los poderes públicos.
Las mujeres no cuentan. Tal vez cuando se convierten en cifra que le sirva al establecimiento para darse aires.