Qué nos queda.
Hacernos los tontos? Pensar qué no es con nosotros, que no es asunto nuestro? Seguir la vida cotidiana como si nada? Clamar una vez más al gobierno y a las autoridades para que atiendan con rigor y contudencia un problema de fondo que va mucho más allá de detenciones y condenas que solo aseguran el perfeccionamento en las técnicas del crimen?
El vil asesinato de la abogada Julieth Mejía lo deja a uno perplejo, y eso que vivimos en una ciudad -y un país- ahogada en el crimen, en toda clase de delitos. Quién puede entonces ahora ejercer una profesión cualquiera sin temer que lo manden matar por una falla, por perder un pleito o por ganarlo, por curar o no lograrlo, por decir o callar, por tener una deuda o porque le deban dinero, por ser testigo o por resultar familiar de una víctima o de un victimario?
Nada parece detenernos en esta caída libre al caos. Las autoridades investigan “casos individuales” para no aceptar que el asunto es general y de fondo; el gobierno se entretiene en debates políticos de conveniencia y en la guerra del odio; los legisladores se empeñan apenas en asegurar su permanencia en el congreso; los empresarios de todos los sectores miden la realidad en términos de productividad e ingresos; los educadores apenas tienen ojos para la página de calificaciones y en los métodos para disciplinar a los adolescentes; los padres se desentienden porque ya no tienen la autoridad dada antes por el autoritarismo o castigan con los recursos de la tortura medieval; la Iglesia apenas se persigna y echa palabras al viento, y los medios de comunicación se vuelven solo notarios de los acontecimietos.
Voces autorizadas lo han sostenido en todos los tonos. Aquí y allá. Por el mundo entero. En estos países emergentes, tercermundistas, proclives al crimen y a toda clase de corrupción, el Estado tiene qué atender con prioridad las necesidades básicas de los pobres, que son la mayoría de la población. Tiene qué ofrecer alternativas, oportunidades, educación y salud. De otra manera, tendremos qué permitir y aceptar, por ejemplo, que desde las cárceles -como centros de corrupción- se den las órdenes sobre la vida y la muerte. O salir corriendo.